Democracia y Economía Chilena
Hacia finales de 1989, el país se estaba preparando para los grandes cambios que se avecinaban. El 11 de diciembre de ese año se elegía como presidente de Chile al demócrata cristiano Patricio Aylwin, candidato de la para aquel entonces polémica “Concertación de Partidos por el NO” luego conocida como “Concertación de Partidos por la Democracia”. Es importante destacar esto último ya que esta coalición es la que llevará las riendas del país desde marzo de 1990 hasta nuestros días. A partir de esa fecha se inició el denominado “período de transición a la democracia” en Chile.
Adentrándonos al tema que nos preocupa, es importante analizar qué significó para el nuevo gobierno concertacionista estar a la cabeza de este proceso de cambio, sobre todo porque su identidad como conglomerado estaba fuertemente ligada a corrientes de la izquierda socialistas, y muchos de sus representantes habían sido participes del gobierno de la Unidad Popular (UP) y conocidos opositores al sistema neoliberalista implantado en Chile por el gobierno de Augusto Pinochet. La economía chilena marchaba a buen rumbo, pero sobre todo, estaba ya acostumbrada y cómoda con este sistema. Cuáles fueron entonces los dilemas de los nuevos líderes del país frente a la dicotomía económica “continuidad versus cambio”.
Según el economista chileno Patricio Meller , la disyuntiva del proceso económico dentro de un marco de transición política en Chile, implica tres importantes dilemas que condicionan el programa del nuevo gobierno en este aspecto:
a) En primer lugar, se debía probar que la implantación de un sistema democrático, o bien un cambio en el “modo” de gobierno no generaría ni caos ni desequilibrios imposibles de manejar, como lo había sido el caso histórico pero reciente –primero con los intentos del gobierno de la UP a principios de los setenta y después con las reformas de libre mercado del gobierno de Augusto Pinochet a fines de los setenta y en los ochenta-. A fines de los años ochenta, Chile era una excepción en América Latina respecto a una buena evolución en los indicadores económicos en general, por consiguiente, siendo la dictadura chilena una de las pocas que continuaban en la región, se creía que esto era el factor determinante al momento de explicar la “buena racha” chilena. En consecuencia, el mantenimiento del equilibrio macroeconómico pasó a adquirir una muy alta prioridad. Había que implementar cambios graduales.
b) El siguiente dilema está vinculado con el mantenimiento del modelo económico. El dilema económico “continuidad versus cambio” tenía ramificaciones políticas y emocionales complicadas para el nuevo gobierno. Las principales características de la economía que se estaba viviendo y que los chilenos comenzaban a disfrutar, eran el funcionamiento extensivo del mercado con precios libres, la apertura de la economía al exterior, y rol predominante del sector privado, características íntimamente ligadas a la dictadura. Un cambio en el modelo no habría sido una real solución, Chile ya había incurrido en altos costos sociales a causa de los “ensayos” económicos anteriores, y el último había resultado bastante positivo, así que era conveniente mantenerlo; además, esto ayudaba al objetivo anterior de evitar la generación de incertidumbre y expectativas negativas que pueden producir desequilibrios económicos.
c) El último de los dilemas -de los más importantes cabe decir- está relacionado a la misión de pagar la “deuda social” acumulada por la gran mayoría de grupos con ingresos medios y bajos del país. Esto implicaba resolver el difícil conflicto de crecimiento con equidad, conflicto de carácter económico, político y moral vigente hasta hoy en día; la economía chilena tenía que mantener su rápido crecimiento, pero además, los frutos de éste debían comenzar a beneficiar a los grupos de menores ingresos. Esta no es una cuestión trivial en una economía de libre mercado, en que la situación distributiva inicial es bastante inequitativa.
En conclusión, para la Concertación, el sentido del acuerdo era doble: por una parte evitar el riesgo de que las reformas de segunda generación se vieran deslegitimadas como insuficientes por los sectores socialistas más radicales, por otra, crear una reputación de responsabilidad para el conjunto de la oposición democrática. Se trataba de demostrar que la Concertación podía asumir el modelo económico heredado, sin perder sus ventajas de eficiencia y competitividad, y a la vez corregir sus déficit sociales, proseguir el proceso de modernización y reducir la pobreza creando una sociedad más justa y más cohesionada.
El punto de partida, en conjunto, constituía una herencia polémica para la restaurada democracia chilena, debía asumir un modelo económico y social exitoso pero injusto ; he aquí una importante interrogante, una de las muchas perspectivas con la que deben mirarse los últimos quince años de la historia económica chilena, en realidad qué tan exitoso o injusto es el modelo, o quiénes son los responsable de este presunto éxito o injusticia.
Durante el crecimiento económico vivido en Chile en la década de los ochenta, se hablaba de “el milagro chileno”, o de los autoproclamados “jaguares de Latinoamérica” disfrutando a concho de los beneficios del libre mercado. Casi veinte años después se habla de una nueva realidad, la “economía social de mercado”, un ejemplo para el resto de los países de América Latina, y una de la actuales cartas de presentación del gobierno: Una orientación económica en que el Estado y el Mercado actúan complementariamente para maximizar el bienestar económico de la ciudadanía; el Estado para lograr la equidad en la distribución de este bienestar deseado, y el Mercado para conseguir una asignación de recursos eficiente. Otra de las importantes iniciativas de la -después de la presente introducción- “nueva identidad” del modelo, es la apertura al comercio exterior que Chile ha experimentado en los últimos años, distinta a la iniciativa del gobierno militar de promover la inversión extranjera dentro del país; apertura muy bien vista por gran parte de los sectores, y a la cual se le ha dado un especial énfasis en este último gobierno de la Concertación, al igual que en muchas otras decisiones en lo que a economía respecta.
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