El gobierno chileno favoreció el aumento del gasto público durante el periodo de 1993. La injerencia gubernativa comenzó bruscamente en septiembre de ese año. Hasta ese momento, la política fiscal se había distinguido por su carácter restrictivo, ya que el gobierno no sólo buscaba financiar la inversión pública con ahorro estatal, sino que también pretendía contrarrestar la expansión de la demanda interna. Sin embargo, en aquel año electoral, la política presupuestaria se reorientó hacia una línea más estabilizadora: mantener un nivel de ahorro público, que permitiese financiar la inversión, sin olvidar el papel del gasto público como instrumento de carácter expansionista.
Detrás de la actitud del gobierno de Aylwin, quizás subyacía una intencionalidad electoralista, que buscaba la continuidad de los gobiernos de la Concertación. O bien quizás, el objetivo prioritario del gobierno era demostrar su eficacia en la gestión pública; de ahí, que incrementase el gasto en los últimos meses de la legislatura.
En cualquier caso, el mayor impacto se produjo en septiembre, donde la intervención contribuyó en 12,45% al incremento intermensual del gasto. Por el contrario, en octubre, estas cifras alcanzaron su nivel mínimo, situándose en el 6,6%. En noviembre en cambio, se elevaron hasta el 8%, logrando así reposicionar la imagen del gobierno como gestor eficaz de los recursos públicos.