La informalidad ocupacional, más que un problema un reto de política pública

La cuestión de la informalidad ocupacional, más que ser vista como un problema debería ser analizada como un reto para los tomadores de decisiones. En efecto, los informales no se encuentran como materia inerte esperando a ser revivida, ni tan poco como un segmento totalmente desintegrado de la sociedad que está a la espera de lo que el estado pueda darle. Por el contrario, esta población cuenta con un amplio capital tanto social como económico que le permite solventar sus necesidades básicas de subsistencia y aprovechar las redes sociales con las que cuenta. El mismo De Soto, en varios de sus textos argumenta la importancia de la participación de la actividad informal en la economía, a lo cual se le suma la consolidación de sistemas normativos extralegales en los que los sujetos informales crean sus propias normas para regular su actividad (De Soto, 1986 y 2000)

Por otra parte, Tokman menciona el potencial solidario que existe dentro de las unidades microempresariales del sector informal, el cual debe ser tenido en cuenta al momento de diseñar políticas encaminadas a tal sector (Tokman, 1991). Factor que coincide con Portes, para quien las economías informales se caracterizan por tener una identidad común que mantiene unidos  a los participantes, “distinguiéndolos de alguna forma de la población circundante”, lo que les provee de una base solidaria que facilita la cooperación entre empresas, así como relaciones no conflictivas con los trabajadores (Portes, 1995).

Lo anterior lleva a reflexionar que los trabajadores informales tienen un cierto acerbo de capital que debe ser tenido en cuenta por el diseñador de política pública al momento de diseñar programas sociales. Es decir, se trata de hacer uso de los recursos disponibles, e incluir a los informales en la toma de decisiones.

Ackerman y Ansolabehere (2004), al analizar el caso de Porto alegre – Brasil - , encuentran que  la participación de la ciudadanía en la administración del presupuesto regional logró que el papel de la sociedad trascendiera de su tradicional rol de guardián o protesta a uno más autogestionario, en el que los individuos influían en la política desde adentro ejerciendo un control directo de las decisiones. Caso similar a la constitución del Instituto Federal Electoral de México y a los Consejos consultivos en argentina, en los que se dieron procesos similares. Al aplicar este tipo de estrategia gubernamental  de participación - acción ciudadana el gobierno simplifica  su gestión administrativa.

Para el caso de la informalidad ocupacional, se había descrito más arriba, que tres podrían ser los problemas centrales en la resolución de la problemática: La inadecuada estructura legal, la concentración del ingreso y la precarización del mercado laboral. Como se dijo, cada una de ellas tiene defensores pero a su vez grandes detractores, por lo que si se aplicara una política de corte vertical – del gobierno hacia el pueblo- lo que se estaría generando es una ampliación del conflicto social, con el atenuante de que pueden estarse invirtiendo cuantiosos recursos que no son utilizados de forma eficiente.

Cuando se evalúa cualquier tipo de proyecto, en éste caso la implementación de una política pública, lo primero que hay que hacer es evaluar su pertinencia, es decir, que el grupo que se va a beneficiar se encuentre de acuerdo con la decisión asumida, y en segundo lugar, que el contexto socioeconómico y demográfico sea el más optimo para hacerlo (Gasper, 2000). No obstante, en política lo que regularmente se hace es seguir un enfoque de elección pública, mediante el cual los tomadores de decisiones  evalúan la viabilidad del proyecto o programa de acuerdo a una curva de utilidad que les maximiza tanto su interés particular como el presupuesto con el que cuentan.

De seguirse un esquema participativo, como el que plantean Ackerman y Ansolabehere (2004) basado en la gerencia social, no solo podría resolverse los conflictos de intereses, dado que se crearían espacios de dialogo donde se encuentren todos los actores implicados (empresarios y trabajadores formales e informales, el gobierno, las entidades de financiamiento y las instituciones multilaterales), sino que además, se diseñarían las políticas teniendo en cuenta al constituyente primario –el pueblo-, con la garantía de que los acuerdos que emanen de allí van a poder ser implementados con un índice de  probabilidad de éxito superior al de un esquema vertical.

Finalmente la propuesta basada en la sinergia estado – sociedad, permitiría canalizar todo el potencial solidario que se encuentra en la población ocupada en la informalidad. Ello, haría de las redes el principal mecanismo de cohesión social con el cual se puede productivizar el capital económico de las unidades productivas informales.

Lo anterior, para nada riñe con la propuesta regulatoría institucional de De Soto, dado que se daría como un elemento de refuerzo a su planteamiento de romper la campana de vidrio que separa a los informales de la economía regulada. Tampoco estaría en contra de los planteamientos de la OIT, dado que se buscaría una articulación entre el sector informal y las grandes empresas ya establecidas para que se puedan generar sinergias en pro de la competitividad nacional ante los mercados externos, pero de manera regulada. Incluiría la propuesta de Portes de centrar los esfuerzos a nivel local, dado que de allí partirían las ideas y los programas que se van a implementar haciendo del pueblo una unidad autogestionaria. Y por último, se tomaría en cuenta la situación macroeconómica y los mecanismos de ajuste del mercado que serían las líneas de restricción de la propuesta, elementos que podrían ser concertados en  espacios de dialogo ciudadano.

En síntesis, se buscaría pasar de la democracia representativa, que delega totalmente el poder en sus mandatarios, a la democracia participativa, que hace del sujeto el elemento central en el diseño y ejecución de las políticas públicas. No obstante, esta propuesta requiere de la intervención del estado en la economía en aquellos segmentos que el mercado de por si no puede equilibrar, como se vera en los ejemplos citados a continuación en los que el papel del estado conjugado con el rol de la sociedad fue el elemento clave para mejorar el nivel del empleo formal y diezmar la pobreza en sus sociedades.