La Usura y el Gobierno de la "Revolucón Ciudadana"

Para gobernar una nación no solo es necesario una persona inteligente, capaz y con buenas intenciones. Es fundamental un equipo de apoyo capaz y honesto para administrar el Estado. Pero el gobierno de Correa lamentablemente no dispone de muchos. Algunos oportunistas y audaces mercenarios que han recorrido por algunos partidos políticos, pululan y son huéspedes del Palacio de Gobierno. En el poder no hay amigos, hay intereses y de los más inconfesables. El proyecto de ley de “Justicia Financiera” presentado por el ejecutivo a mediados de 2007, con el “asesoramiento” de Maldonado, Patiño y otros fue un verdadero fiasco. Quisieron reducir el atraco de los banqueros con una estrategia equivocada: golpear al Banco Central y tomarse la Junta Bancaria. No consideraron que en el 2006 el Congreso no dio paso al proyecto de ley presentado por Febres Cordero, con el propósito de reducir las tasas de interés, pero con el fin de golpear al banco Pichincha.

Ningún objetivo pudo cumplir el gobierno del “socialismo siglo XXI”, por la debilidad de la propuesta, la complicidad de burócratas del mas alto nivel, la falta de convocatoria a los“clientes” de la banca y el poder de corrupción de los banqueros, que compraron a diputados, medios de comunicación y periodistas.

Ricardo Patiño, ahora ministro coordinador de la política (antes ministro de economía), no enfrentó la arremetida de los banqueros para defender la ley presentada por el ejecutivo. Ahora sabemos que Patiño fue gerente general de la Cooperativa “Detodas” y colocó más 1,5 millones de dólares en microcréditos a la gente pobre de los Guasmos de la ciudad de Guayaquil. Patiño sabe mucho de usura en el microcrédito y posiblemente aplicó en su cooperativa, por lo que prefirió callar.

Después del 30 de noviembre, -cuando el gobierno obtuvo la mayoría de la Asamblea Constituyente, derrotando a los representantes de los banqueros, medios de comunicación, narcotraficantes y representantes del gobierno de los EE.UU.-, las conversaciones entre los representantes de la banca y gobierno volvieron a darse sin ningún resultado, por la debilidad de los representantes del gobierno.

Por estas y otras razones que desconocemos, el Presidente Rafael Correa, en el ámbito de las tasas de interés que fija la banca, más ha hablado que ha hecho. Al parecer tiene un grupo de “colaboradores” muy ligados a la banca y a la usura, que no le dejan hacer lo que debe. Ya dijimos que el ex Ministro de Economía Patiño, nunca estuvo interesado en la rebaja de las tasas de interés. Los Representantes del Ejecutivo en la Superintendencia de Bancos, elaboraron un proyecto de ley financiero para que nunca se lo aprobara y finalmente luego de destituirlo al Superintendente de Bancos a través de la Asamblea Constituyente y tener la mayoría del Directorio del Banco Central del Ecuador, en diciembre de 2007 dictó una regulación ilegal y apegada a los intereses de los banqueros.

Ilegalidad de la Resolución del BCE

La Regulación Nº153-2007 de 28 de diciembre de 2007 dictada por el Directorio del Banco Central del Ecuador, es absolutamente ilegal por atribuirse competencias para sí, que no las tiene, al segmentar el mercado de potenciales solicitantes de crédito y al establecer una fórmula de cálculo de la tasas de interés.

El Tribunal Constitucional mediante Resolución 18-07-TC de 19 de diciembre de 2007, declaró la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley Orgánica del Régimen Monetario y Banco del Estado contenidas en la Ley de Regulación del Costo Máximo del Crédito, aprobado hace seis meses por el Congreso cesante de penosa recordación.

El poder legislativo de ese entonces mediante ley (art.12, inciso 2) dio atribuciones al Directorio del Banco Central para establecer de modo generalmente obligatorio la metodología para calcular la tasa de interés efectiva por segmentos de crédito.

Declarada la inconstitucionalidad de estas reformas, lo que quedó vigente fue la legislación anterior hasta que un nuevo poder legislativo o la Asamblea Constituyente, dicte nueva legislación sobre tasas de interés.

El Directorio del Banco Central por si y ante si no puede atribuirse funciones que no le competen, y peor todavía legislando en favor de los banqueros, al fijar tasas de interés irracionales y de usura. En derecho público solo se puede hacer lo que le permite la ley y no lo que se le ocurre a un Director o directorio del BCE.

Si la ley vigente es la anterior, debemos retrotraernos a las tasas de interés que estuvieron vigentes antes de las reformas, esto es el 14% de tasa de interés máxima legal. Además debe obligarse a la devolución por parte de la banca de todo lo indebida, ilegal y fraudulentamente cobrado por tasas de interés, en los siete años de vigencia de las “comisiones” y “servicios”, arbitrarios e impuestos por los banqueros.

En el caso del cálculo de las tasas de interés activas efectivas máximas, en lugar de las dos desviaciones estándar, se dice que el promedio ponderado será multiplicado por un factor a ser determinado por el Directorio del BCE.

En el caso de la tasa de interés para la microempresa de acumulación simple el directorio del BCE redujo en 10.83%; el de subsistencia que son la mayoría redujo en 8.23; y, el de ampliada que son la minoría redujo el 2.87%. El resto quedó con muy escasa diferencia a la baja. En dolarización esas tasas son exageradamente altas, si consideramos que la FED bajó las tasas de interés a 3.5%.

¿Por qué ágilmente el Directorio del BCE dictó la nueva resolución? ¿Por qué protege a los banqueros antes que a los usuarios? ¿Dónde hay algún lineamiento de la “revolución ciudadana” en ésta decisión?

La otra diferencia que existe entre ésta y la anterior resolución es que en la actual se privilegia la utilización de la tarjeta de crédito, a través de darle mayor capacidad de endeudamiento y cobrarle mas tasa de interés.

Con estas acciones queda en muy seria duda que el gobierno de la “revolución ciudadana” cumpla el compromiso de suprimir la usura de los banqueros.

El proyecto de ley “Red de Seguridad Financiera” será un mero maquillaje que pondrán a la banca para que todo quede igual. En un año de gobierno no ha iniciado ningún juicio penal por usura a ningún banquero, a pesar de las evidencias, ni tampoco obliga a devolver lo indebidamente cobrado por los banqueros a los estafados por la banca.