La necesidad de atraer inversiones es una realidad palpable que muestra a las claras que es preciso fijar un rumbo
La evidente necesidad de inversiones que superen el 23% del PBI para poder crecer en torno del 4 o 5% anual en los próximos años, es una realidad que moviliza al ministro de economía en la búsqueda de capitales interesados en correr el riesgo de invertir en el país.
Está claro que hasta el presente, la búsqueda de tales inversiones se ha circunscripto al diseño de diversos planes de promoción, que ofrecen créditos blandos, reintegro anticipado de IVA, amortizaciones aceleradas por la adquisición de bienes nuevos de capital y hasta la promesa de no aplicación de derechos de exportación a las petroleras por las exportaciones resultantes de nuevas exploraciones.
Esta búsqueda se torna más acuciante en la medida en que se va llegando poco a poco a los niveles de producción y PBI del año 1998, con lo cual se agota la capacidad ociosa proveniente de los años 90. Porque en términos económicos, la devaluación y la expansión monetaria se basaron en algunos pilares clásicos para el modelo llamado neokeynesiano: cierta confianza en la moneda local, capacidad ociosa, y bajos salarios y precios retrasados respecto del nuevo valor de la divisa. Así las cosas, el atraso tarifario y la fijación de precios mediante acuerdos sectoriales, o simplemente por congelamiento, como las tarifas del transporte público, propenden a un sostenido crecimiento que es una realidad y que se encuentra ahora con los primeros nubarrones inflacionarios y con un contexto internacional difícil en materia de llegada de inversiones. A ello se suma, como sabemos, la reticencia de los mismos argentinos que acumulan divisas en el exterior por más de 150.000 millones de dólares, entre los cuales se encuentra, curiosamente, la propia provincia de Santa Cruz.
Nos parece que a estas alturas es preciso establecer algunas pautas generales respecto de qué es lo que esperamos los argentinos en materia de llegada de capitales.
Hemos asistido a debates de diverso calibre de los cuales tan sólo podemos extraer conclusiones parciales, pero no menos preocupantes.
Tratando de evitar, tanto como podemos, la toma de posición política, tenemos que decir que desde unos sectores se vilipendian las inversiones externas porque supuestamente se abusan de nosotros, al tiempo que lamentamos si se van. También que desde ciertos sectores los inversores locales son lobbistas, o incapaces, o se abusan de los precios en los supermercados o donde fuere, etc. Y finalmente desde otros sectores, o de los mismos, el ejercicio del Estado empresario es un fracaso absoluto.
La verdad es que si las inversiones son rechazadas y el Estado empresario es un fracaso, no vemos por dónde aparecerá el bienamado círculo virtuoso.
Desde el lado del gobierno, vemos a un presidente que sigue en campaña con un discurso de barricada acusando a todo el mundo de extorsionador, lo cual puede resultar muy bueno desde el punto de vista de la elección, pero patético a la hora de tratar de guiar a la población por la senda de la claridad y de la realidad del mundo en el que vivimos.
El capital es temeroso y busca seguridad, sea local o extranjero. Y la tasa de retorno que esperan las inversiones es acorde a los riesgos que significa el país donde se realizan. No es lo mismo, naturalmente, invertir en Suiza que hacerlo en la Argentina, por lo tanto la rentabilidad de un país y de otro no puede ser la misma. Para ir equiparando los tantos es preciso dar seguridad jurídica, garantizar un Estado de derecho confiable y duradero. Y para ello es obvio que debemos abolir toda forma de superpoderes, decretos de necesidad y urgencia y toda arbitrariedad por parte del Poder Ejecutivo esencialmente.
Las empresas que arriesgaron viniendo a la Argentina en los 90, esperaban y obtuvieron buenos márgenes de utilidad, de lo contrario ni hubieran venido porque sabían los riesgos, que quedaron plasmados absolutamente en la crisis de 2001/2002, dándoles la razón. Y todos recordamos que prácticamente no había interesados en las llamadas "privatizaciones".
Insistimos en que no estamos haciendo en lo posible un análisis político, ni juzgando tal o cual política. Tan sólo decimos que las empresas públicas habían fracasado absolutamente como prestadoras de servicios, y encima resultaba sumamente dificultoso encontrar compradores para las concesiones. Algo parecido está pasando hoy, desgraciadamente. Podemos ver que en Aguas Argentinas, por ejemplo, las dificultades provocadas por la casi segura salida del grupo francés Suez no son pocas.
En definitiva creemos que se impone llegar a un acuerdo o pacto que defina con claridad qué se pretende hacer y cuál es el camino para luego garantizar tanto como se pueda la estabilidad de las normas. Lo que no es posible es vivir vilipendiando a empresarios y a empresas, locales o extranjeras, imponiéndoles trabas y acusándolas de abusos y extorsiones, para luego otorgar "combos" para que vengan a invertir.
Del mismo modo, quienes postulan que ciertas empresas deben volver a manos del Estado, deberían tratar de explicar en ese acuerdo, por qué motivo llevaron al país al grado de atraso en las prestaciones que habían asumido en los años 40 y cómo piensan que eso podrá evitarse en el futuro.
El sistema tributario, por lo demás, debe ser también estable y no depender de caprichos o cuestiones coyunturales de diversa entidad. Los llamados impuestos distorsivos deben evitarse, y las tasas a los consumos deben bajarse tanto como se pueda. En este aspecto nadie parece recordar que el IVA funciona con una tasa del 16% cuando los pagos los hacen consumidores finales con tarjetas de débito, y de 18% si lo hacen con tarjetas de crédito. Estos datos son interesantes y por lo menos demuestran que la tasa del 21% resulta excesiva y es reconocido así por el gobierno, que además aplica tasas diferenciales del 50% para una parte del secto agropecuario.
En materia previsional, caben las mismas consideraciones. La doble indemnización, y las enormes tasas de aportes y contribuciones con diversos destinos, terminan desalentado la toma de empleados "en blanco" empezando por el propio Estado, que ha buscado desde hace muchos años el atajo de los "contratados" y de las asignaciones "no remunerativas".
Pero por sobre todas las cosas, reiteramos que el sistema a seguir en todos los aspectos involucrados debe ser estable y duradero. Se podrá ser más o menos estatista, intervencionista o libreempresista, y los resultados serán los que fueren, unos mejores y otros peores, cada cual los evaluará. Pero lo que no es posible es que estén cambiándose las condiciones todos los días, sobre todo de manera drástica y motivados los cambios esencialmente en que le mercado no se comporta como se esperaba.
Es preciso tener en cuenta, siempre, que los cambios bruscos, repentinos, apurados, en normas y especialmente en tributos, no contribuyen en absoluto a ofrecer el marco de seguridad jurídica esperado por los distintos factores productivos.
Buenos Aires, 20 de setiembre de 2005
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